CFE saldría beneficiada con reforma a Ley de la Industria Eléctrica: Banco Multiva

Fue el pasado 3 de febrero, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó elementos centrales que contenía la “Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (PCSC)”, por considerar que ésta invadía las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), y violaba el derecho a la libre competencia en materia energética en el país.

La unidad de Análisis de Grupo Financiero Multiva determinó que con la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Ley de la Industria Eléctrica, se estaría otorgando una ventaja indebida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que de acuerdo con sus especialistas, daría marcha atrás a importantes cambios con claro sentido económico. 

La decisión de la Corte fue vista como positiva y acertada por diversos especialistas en el país, al considerar que se preservaban las condiciones de competencia en el mercado de energía eléctrica y favorecía con ello el costo más bajo posible para su producción. 

Sin embargo, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica que en bajo el estatus de “preferente”, implica que sea analizada, debatida y votada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en un periodo de 60 días naturales. 

Los especialistas de Multiva precisaron que si bien no se trata de un cambio constitucional, sino a la ley secundaria, sus implicaciones representarían un retroceso a lo logrado en materia energética en el país desde 2013, además de generar un panorama incierto para las empresas energéticas privadas y los acuerdos previos que se firmaron con el país. 

Y es que la iniciativa presentada por el Presidente, “pretende utilizar la normatividad para darle a la CFE una competitividad que no alcanza por la vía de los hechos (inversión y productividad)”, añadieron en Banco Multiva. 

Entre las propuestas que contiene dicha reforma, se encuentra que todos los permisos de generación eléctrica estén sujetos a los criterios de planeación del SENER; cambiar las características del despacho de energía para suspender las compras de energía con base al sistema de subastas; que sea el Gobierno el que otorgue los Certificados de Energías Limpia (CEL) a las centrales hidroeléctricas de la CFE; que la Comisión Reguladora de Energía tenga la capacidad de revocar los permisos de autoabastecimiento y, que sea el Gobierno el que revise la legalidad y rentabilidad de los contratos suscritos con productores independientes al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.  

“En resumen, la iniciativa pretende dar preferencia a la generación de energía eléctrica de la CFE y modificar el orden del despacho de energía en la red eléctrica nacional. Lo anterior daría marcha atrás a importantes cambios con claro sentido económico como la autorización de energía eléctrica para autoconsumo en 1990 y la apertura de la producción de energía eléctrica al sector privado en 2013”, precisó en un comunicado la Unidad de Análisis de Banco Multiva. 

Los especialistas del grupo financiero mexicano hicieron énfasis en que la prelación enviada por el presidente, “tiene un claro sesgo antieconómico y tiene los mismos vicios por los que la SCJN desechó el acuerdo de la SENER, pues limita las facultades de la COFECE, viola el derecho de la libre competencia y da una “ventaja indebida a la CFE”. 

Finalmente, de aprobarse la reforma en el Congreso, lo cual es altamente posible dada la mayoría del partido Morena en los escaños, los especialistas de Multiva previeron diversos obstáculos para su aplicación entre los que destacan la inconformidad de los inversionistas extranjeros en el sector energético del país, quienes recurrirían a las cláusulas de protección establecidas en el T´MEC, además de que la nueva ley podría ser llevada a controversia constitucional tanto por inversionistas como por partidos de oposición, con altas posibilidades de ser declarada como inconstitucional por la SCJN.