Un grupo de legisladores en Paraguay introdujeron la semana pasada un proyecto de ley para suspender temporalmente las operaciones de criptominería en el país.
Esto bajo la premisa de que esta práctica eleva exponencialmente el consumo eléctrico en el país, en especial cuando hay personas que roban la energía y no reportan esta actividad ante el estado.
De acuerdo con el proyecto de ley consignado ante la Asamblea del país, la iniciativa en cuestión se presentó el pasado 4 de abril. Contempla una prohibición para las actividades de criptominería por 180 días (seis meses). Eso, hasta que hayan leyes para regular dicha práctica. O en su defecto, que la empresa operadora de la red eléctrica pueda garantizar un suministro estable para todo el país.
Sin embargo, al revisar a más detalle el proyecto de ley, la iniciativa tendría implicaciones mucho más profundas para el ecosistema de las criptomonedas en el país sudamericano.
Además de las restricciones a las operaciones de criptominería, la propuesta también incluye de forma textual una prohibición para “la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos”.
Por lo que también podría hacer sentir su peso sobre los mercados locales especializados.
La nueva prohibición para la minería viene a lugar en medio de los intentos del país por intentar establecer normas para regular estas operaciones, especialmente a razón de la proliferación de actividades clandestinas de este tipo. En la actualidad, el gobierno maneja un registro para todas las empresas de criptominería Bitcoin, las cuales también deben recibir autorización por parte del Ministerio de Industria y Comercio del país.
Sin embargo, la pausa total de las operaciones de criptominería podrían incluso tener efectos perjudiciales para la economía del país.
En una entrevista para el medio Cointelegraph, el cofundador y estratega jefe de minería para Hashlabs Mining, Jaran Mellerud, aseguró que la nación percibe “más de 200 millones al año”.
Esto partiendo de que haya al menos unos 500 megavatios consumidos por entidades legalmente constituidas.
Fuente: www.diariobitcoin.com
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