Las criptomonedas tendrán una regulación más estricta en Uruguay

La regulación cripto en Uruguay entra en una nueva etapa con un marco que eleva las exigencias para las plataformas de activos virtuales. El Banco Central del Uruguay busca fortalecer la supervisión del sector con nuevas obligaciones sobre patrimonio, ciberseguridad y prevención del lavado de dinero, mientras mantiene abierta la puerta al desarrollo del ecosistema digital.

Además de exigir un registro formal, la normativa alcanzará a las empresas que ofrezcan intercambio de criptoactivos, custodia, transferencias y otros servicios relacionados. También fija criterios para la autorización de operaciones y define qué actividades quedan fuera del nuevo régimen, como algunos desarrollos de software y determinados usos de NFT.

Regulación cripto en Uruguay refuerza controles

El nuevo esquema establece que los proveedores con servicios de custodia deberán contar con un patrimonio mínimo cercano a 190.000 dólares, además de constituir garantías a favor del Banco Central y mantener depósitos específicos en la autoridad monetaria. Asimismo, los activos propios deberán permanecer separados de los fondos de los clientes y con registros actualizados.

Por otro lado, las plataformas deberán realizar auditorías informáticas externas cada año, designar responsables de seguridad de la información y aplicar autenticación de doble factor para determinadas operaciones. El objetivo es elevar la protección frente a ciberataques y reforzar la confianza de los usuarios.

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Más supervisión para exchanges y usuarios

En materia de prevención del lavado de activos, los proveedores deberán identificar y verificar a sus clientes, designar un Oficial de Cumplimiento y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero. También se establecen umbrales para informar determinados movimientos en efectivo y transferencias.

Las solicitudes de autorización podrán iniciarse desde el 1 de septiembre de 2026. Las empresas que ya operan tendrán plazo hasta el 31 de marzo de 2027 para regularizar su situación, mientras que la mayoría de las adecuaciones deberá completarse antes del 30 de junio de 2027. Además, el régimen incorpora multas específicas e incluso la suspensión de actividades para quienes incumplan requisitos esenciales.