Las nuevas reglas del Consejo de Estabilidad Financiera de Colombia no pasaron desapercibidas para el ecosistema cripto y fintech. El Comité de Coordinación y Seguimiento al Sistema Financiero (CARF) emitió una hoja de ruta que redefine el marco regulatorio de empresas tecnofinancieras, con énfasis en proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). El objetivo: reducir los riesgos sistémicos e impulsar la transparencia operativa.
Las startups que operan con criptoactivos y tokens enfrentan ahora exigencias concretas de reporte, monitoreo y debida diligencia. Entre los nuevos requisitos destacan la implementación de modelos sólidos de gestión de riesgos y la colaboración activa con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Además, se exigirá interoperabilidad con entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera para operar dentro de los límites del sistema financiero formal.
Esto marca un parteaguas: por primera vez en Colombia se impulsa una supervisión convergente que no criminaliza las operaciones descentralizadas, pero sí busca alinearlas con principios de estabilidad y protección al consumidor. De igual manera, el CARF habilita un espacio de diálogo con el sector privado para ajustes regulatorios progresivos.
Retos y oportunidades para el sector cripto
Empresas cripto con operaciones transfronterizas y base tecnológica robusta podrían adaptarse rápido. En cambio, actores más pequeños, sin estructuras legales consolidadas, enfrentan una posible salida del mercado si no logran cumplir con los nuevos estándares.
Por otro lado, esta regulación abre la puerta a alianzas más sólidas entre exchanges locales y bancos tradicionales, además de mejorar la percepción institucional del sector cripto.
En noviembre, la Superfinanciera inició mesas técnicas con representantes del ecosistema fintech y cripto para implementar estos lineamientos en 2026.
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