Ripple estuvo muy cerca de poner fin a su historia cuando la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos inició una demanda contra la empresa en 2020. En lugar de enfrentar un largo proceso judicial, sus directivos analizaron cerrar la compañía y repartir sus activos entre los accionistas, una decisión que finalmente descartaron para proteger cientos de empleos y defender su postura frente al regulador estadounidense.
Brad Garlinghouse, director ejecutivo de la empresa, reveló durante una charla en la Escuela de Negocios de la Universidad de Kansas que él y el cofundador Chris Larsen debatieron seriamente esa posibilidad. Afirmó que la alternativa parecía la más sencilla debido al enorme poder y los recursos del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, optaron por continuar la batalla legal.
Ripple resistió una batalla legal de cuatro años
Garlinghouse explicó que la empresa posee una importante reserva de XRP, por lo que podía distribuir esos activos entre los accionistas y disolver la compañía. Además, recordó que esa decisión habría puesto fin automáticamente al litigio iniciado por la SEC.
La demanda presentada en 2020 acusó a Ripple de vender XRP como un valor no registrado. Asimismo, la agencia incluyó personalmente a Garlinghouse y a Chris Larsen en el proceso judicial. El directivo aseguró que entre 2017 y 2019 sostuvo cuatro reuniones con funcionarios del organismo sin representación legal y nunca recibió advertencias de que XRP pudiera considerarse un valor financiero.
Ese contexto reforzó la percepción de la compañía de que el regulador actuó sin ofrecer reglas claras para la industria de las criptomonedas. En consecuencia, la empresa decidió mantener su defensa pese al elevado costo económico y al riesgo para su continuidad.
El caso cambió el rumbo de la regulación cripto
Garlinghouse estimó que la defensa legal representó un gasto cercano a 150 millones de dólares durante cuatro años. No obstante, el esfuerzo terminó con un fallo considerado histórico para el sector.
La jueza Analisa Torres determinó que XRP, por sí mismo, no constituye un valor. Además, ambas partes alcanzaron un acuerdo en mayo del año pasado después de que la administración de Donald Trump designara una nueva dirección en la SEC con una postura más abierta hacia los activos digitales.
El caso marcó uno de los enfrentamientos regulatorios más importantes para la industria cripto en Estados Unidos. La decisión judicial fortaleció la posición de varias empresas del sector y se convirtió en un referente para futuros debates sobre la clasificación legal de los activos digitales.
