Referentes de la Unidad de Investigación Financiera, la Comisión Nacional de Activos Digitales y representantes de la Fiscalía General de la República de El Salvador, recibieron una capacitación por parte del equipo de Binance, donde dieron a conocer los productos que posee el exchange para brindar apoyo a las investigaciones judiciales que se desarrollan en el país, según la publicación de Iprofesional.
En la formación también se ahondó en la aplicación de los productos del intercambiador de acuerdo al marco jurídico salvadoreño, además de la interpretación y el análisis de la información proporcionada por Binance en caso de investigaciones, y en las solicitudes de urgencia para aquellos casos que requieran una pronta respuesta.
La fiscal adjunta de la Unidad de Investigación Financiera de El Salvador, Ana Virginia Samayoa Baron, señaló “Binance no solo ha democratizado el acceso a las criptomonedas, sino que también ha impulsado la innovación en el ecosistema blockchain, abriendo nuevas oportunidades para inversores y desarrolladores en todo el mundo, por lo que es importante el acercamiento y la coordinación con este Proveedor de Servicios de Activos Virtuales en el país”.
Capacitación
La actividad, que se realizó en la Escuela de Capacitación de la Fiscalía General de la República de El Salvador, fue dictada por René Guzmán, Compliance y MLRO de Binance para El Salvador, y por Daniel Camp, del equipo de Investigación de Binance. Entre los presentes, estuvieron también la Fiscal Adjunta de la Unidad de Investigación Financiera, Ana Virginia Samayoa Barón, y directores de la Comisión Nacional de Activos Digitales.
Daniel Acosta, gerente general de Binance para El Salvador y Norte de América Latina, planteó que tienen el objetivo de liderar el desarrollo del espacio cripto acercando sus beneficios a la sociedad. Asegura que un punto importante de todo es garantizar la seguridad del ecosistema y de los usuarios.
El ejecutivo además aseveró que desde Binance trabajan con las fuerzas de seguridad para rastrear y localizar cuentas sospechosas y actividades fraudulentas, contribuyendo a la lucha contra la ciberdelincuencia y los delitos financieros. Inician sus propias investigaciones y trabajan con los principales organismos policiales para proteger a los usuarios.
