El ecosistema cripto en Europa podría enfrentar un sacudón decisivo. España ha activado un nuevo frente fiscal que obliga a declarar activos digitales almacenados fuera del país, incluso si están bajo custodia en exchanges extranjeros. La medida forma parte de un paquete regulatorio más amplio y coloca al país en la primera línea del escrutinio tributario global sobre criptomonedas.
La Agencia Tributaria exige que todos los residentes fiscales españoles informen sobre tenencias en criptoactivos fuera del territorio nacional a través del modelo 721. No cumplir podría implicar sanciones económicas sustanciales. Este requerimiento aplica incluso si las claves privadas están en wallets alojadas en plataformas no españolas, lo que amplía el alcance más allá de las fronteras fiscales tradicionales.
Además, este modelo fiscal forma parte del marco de la Ley contra el Fraude Fiscal y responde al aumento del uso de criptoactivos como mecanismo de evasión. Aunque el modelo 721 ya existía para cuentas bancarias y activos tradicionales, esta es la primera vez que se aplica al universo cripto con esta profundidad.
Impacto en la adopción de criptomonedas
El anuncio ha generado respuestas divididas. Algunos usuarios señalan que puede disuadir la adopción y empujar al uso de servicios descentralizados no custodiados. Otros consideran que la medida legitima el uso de criptoactivos al integrarlos dentro de un marco fiscal claro. En cualquier caso, las plataformas centralizadas y los holders en España deberán ajustar rápidamente su estrategia de cumplimiento.
Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda ya advirtió que habrá vigilancia reforzada para detectar omisiones o irregularidades. Solo en 2024, el país recaudó más de 180 millones de euros en impuestos relacionados con cripto, una cifra que podría aumentar bajo estas nuevas disposiciones.
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