Hungría endurece la regulación cripto: operar sin licencia podría llevarte a prisión

El 1 de julio de 2025 marcó un giro inesperado para el ecosistema cripto en Europa del Este. Hungría aplicó una de las leyes más estrictas de la región, criminalizando las operaciones con criptomonedas a través de plataformas no autorizadas. La medida afecta tanto a usuarios como a proveedores de servicios, que ahora enfrentan penas de prisión de hasta ocho años por operar fuera del marco legal.

Bajo el nuevo código penal, cualquier transacción realizada mediante un servicio no certificado se considera ilegal. Los usuarios que operen en plataformas sin licencia podrían recibir hasta dos años de prisión por transacciones entre 5 y 50 millones de forintos húngaros, y hasta cinco años si superan los 500 millones. Las sanciones son aún más severas para las empresas, con castigos que escalan hasta ocho años dependiendo del monto involucrado.

Una regulación sin manual de cumplimiento

El problema radica en que la ley entró en vigor sin que existiera un proceso de autorización. A pesar de que el ente regulador, la Autoridad Supervisora de Actividades Reguladas (SZTFH), tiene un plazo de 60 días para emitir lineamientos, no hay un mecanismo para solicitar licencias ni una lista pública de proveedores aprobados. En consecuencia, tanto usuarios como empresas operan en una zona gris legal.

Por otro lado, la incertidumbre ya ha tenido efectos visibles. Fintechs como Revolut suspendieron todas sus operaciones de compraventa de cripto en el país, mientras que Bitstamp pausó el trading para sus usuarios húngaros. Otras plataformas globales, como Coinbase y Kraken, continúan operando gracias a su licencia MiCA obtenida en junio, mientras Binance aún espera su aprobación.

MiCA y el caos regulatorio en Hungría

El nuevo marco legal surge tras la adopción europea del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA), que busca unificar las normas en toda la Unión Europea. Hungría debía adaptarlo a su legislación nacional, designando al Banco Nacional como autoridad de licencias. Sin embargo, su implementación dejó vacíos críticos: exige operar con proveedores certificados, pero no existen todavía proveedores certificados.

En este contexto, los expertos recomiendan abstenerse de realizar transacciones hasta que la autoridad defina las reglas de validación y publique la lista oficial de plataformas autorizadas. De lo contrario, incluso utilizar una aplicación popular podría considerarse un delito.

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Las sanciones entraron en vigor en un momento en que el país intenta reforzar el control sobre el sector financiero digital. Solo entre julio y septiembre de 2025, las autoridades iniciaron más de 40 investigaciones sobre operaciones no registradas vinculadas con criptomonedas, según datos del Ministerio de Finanzas.