Illinois, Estados Unidos, enfrenta una disputa legal por un nuevo impuesto a las criptomonedas. Organizaciones de la industria blockchain buscan impedir la entrada en vigor de una medida que establecería un gravamen de 0.2 por ciento sobre determinadas operaciones con activos digitales.
La legislación estaba programada para comenzar a aplicarse el 1 de enero de 2027. Sin embargo, las autoridades estatales aceptaron retrasar su implementación durante seis meses, hasta el 1 de julio, mientras continúa el proceso judicial que cuestiona su legalidad.
Illinois enfrenta demandas por el impuesto a las criptomonedas
El Crypto Council for Innovation y la Blockchain Association anunciaron que unirán esfuerzos con la Digital Chamber y otras organizaciones para acelerar la resolución del conflicto.
Los grupos presentaron una solicitud ante el Tribunal de Circuito del condado de Sangamon para obtener una decisión judicial sobre la legalidad del impuesto antes de su entrada en vigor.
Según las organizaciones, la medida podría generar costos adicionales para empresas y consumidores que utilizan servicios relacionados con criptomonedas; También cuestionan el procedimiento legislativo mediante el cual se incorporó el impuesto al presupuesto estatal, al considerar que faltaron oportunidades de discusión pública.
Otra lectura recomendada: China anuncia una red nacional de blockchain sin incluir a Bitcoin
¿Qué pasará con el impuesto a las criptomonedas en Illinois?
Las organizaciones buscan que el tribunal establezca un calendario acelerado para resolver el caso. De aprobarse, podría conocerse una decisión sobre el fondo de la controversia durante marzo de 2027.
Ji Kim, director ejecutivo del Crypto Council for Innovation, señaló que resulta importante resolver la situación antes de que las empresas deban cumplir las nuevas obligaciones fiscales.
Por su parte, Cody Carbone, director ejecutivo de la Digital Chamber, manifestó que su organización continuará el proceso judicial para conseguir la anulación del gravamen; El conflicto refleja las dificultades que enfrentan los gobiernos estadounidenses para establecer reglas fiscales sobre activos digitales.
