Massachusetts demanda a Kalshi por operar apuestas deportivas sin licencia

El enfrentamiento legal entre Massachusetts y Kalshi abre un nuevo capítulo en la discusión sobre apuestas deportivas en Estados Unidos. La fiscal general Andrea Campbell anunció el inicio de un proceso judicial contra la plataforma, acusándola de ofrecer servicios de apuestas sin contar con las licencias requeridas en la jurisdicción.

La demanda sostiene que Kalshi opera un sistema de contratos binarios que, aunque se presenta como un mercado de predicción, cumple las características de apuestas deportivas reguladas. Según la fiscalía, esta actividad requiere autorización expresa de la Comisión de Apuestas de Massachusetts, requisito que la empresa no habría cumplido.

Por otro lado, Kalshi defendió su postura al señalar que su modelo está autorizado a nivel federal por la Commodity Futures Trading Commission, organismo que supervisa los mercados de futuros en Estados Unidos. La compañía afirmó que su operación no constituye apuestas deportivas en el sentido tradicional y que luchará en tribunales para demostrarlo.

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Kalshi y el reto de encajar en el marco regulatorio

El caso despierta debate sobre cómo encajan las plataformas de predicción en la frontera entre finanzas y apuestas. La fiscalía busca detener el acceso de los residentes de Massachusetts al servicio de Kalshi hasta que obtenga la licencia correspondiente. En consecuencia, el caso podría marcar un precedente para otros estados que enfrentan dilemas similares.

De igual manera, el conflicto resalta la complejidad de aplicar leyes estatales a servicios que operan bajo autorización federal. Este cruce normativo es especialmente relevante en un mercado donde la línea entre especulación financiera y apuestas resulta cada vez más difusa.

La discusión se amplifica porque Massachusetts se ubica entre los estados con mayor crecimiento en apuestas deportivas reguladas tras la apertura del mercado en 2023. El sector superó los 500 millones de dólares en volumen de apuestas en los primeros seis meses de operación, lo que convierte al estado en un territorio clave para vigilar casos como el de Kalshi.