Los países de la Unión Europea, principalmente en Francia, se preparan para implementar la regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCA), según un comunicado de la Autorité des Marchés Financiers (AMF).
En Francia, el principal regulador financiero anunció nuevas actualizaciones a las regulaciones de criptomonedas locales, en parte para alinearlas con el nuevo marco integral de la UE, MiCA.
Los cambios en cuestión se relacionan con el régimen de registro para los llamados proveedores de servicios de activos digitales (DASP). Y tienen como objetivo ampliar y “mejorar” estos requisitos en función de alinearlos con las nuevas reglas de la UE.
La AMF “está modificando las disposiciones de su Reglamento General y su política sobre el régimen para el proveedor de servicios de activos digitales (DASP) debido al registro “mejorado” introducido por la Ley DDADUE“, escribió el regulador.
“Estos cambios, que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2024, también tienen por objeto anticipar la transición al Reglamento Europeo sobre mercados de criptoactivos (MiCA) ajustando las disposiciones relativas a los DASP con licencia“.
Más estrictos
Requisitos de registro más estrictos MiCA, que es el primer marco integral para regular las criptomonedas, introduce un conjunto armonizado de reglas de criptomonedas para las empresas que operan dentro del bloque.
También establece un régimen de licencias que permitirá a las empresas prestar servicios en cualquier país dentro de la UE, una vez que cuenten con licencia en uno de los mercados del bloque.
El Parlamento Europeo aprobó la ley MiCA en abril de este año, luego de un extenso proceso legislativo. Luego de su publicación en el Diario Oficial de la UE en junio, se espera varias de sus disposiciones comiencen a aplicarse a partir de 2024.
Las modificaciones en Francia ahora supondrá una gama más amplia de requisitos para las empresas del sector.
Entre los aspectos que cubren los cambios del Reglamento General de la AMF para proveedores de servicios de activos digitales se incluyen “sistemas de seguridad y control interno” y “disposiciones específicas de custodia” para segregar activos de clientes de los corporativos.
