La apuesta del Reino Unido por la tokenización de los mercados financieros abrió un nuevo capítulo para XRP. Un informe respaldado por el Tesoro británico colocó a Ripple entre las empresas que ayudarán a impulsar la transición de activos tradicionales hacia infraestructura basada en blockchain, una decisión que llamó la atención del ecosistema cripto.
El documento plantea acelerar el paso de proyectos piloto a mercados reales durante los próximos 12 meses. Además, contempla la tokenización de operaciones de recompra, bonos gubernamentales y fondos de inversión mediante un modelo híbrido que combine redes institucionales con cadenas públicas, siempre bajo estándares regulatorios claros.
XRP toma relevancia en la estrategia del Reino Unido
La inclusión de Ripple dentro de este plan representa un cambio importante para la industria. En lugar de tratar a la empresa únicamente como un actor del sector cripto, el informe la identifica como parte de la infraestructura que puede facilitar la modernización del sistema financiero británico.
Asimismo, el reporte menciona operaciones recientes de Ripple, como la adquisición de Hidden Road y la colaboración de Santander UK con tecnología basada en su infraestructura, como ejemplos de la convergencia entre las finanzas tradicionales y los activos digitales.
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Aunque el informe no anticipa un impacto directo en el precio de XRP, sí fortalece la narrativa de adopción institucional alrededor de Ripple. También muestra que el Reino Unido busca mantener competitividad frente a otros centros financieros que ya avanzan en tokenización de activos.
De igual manera, el plan propone resolver desafíos como la liquidación definitiva de operaciones en cadenas públicas y establecer reglas que permitan escalar este tipo de mercados con mayor seguridad jurídica.
El informe estima que la digitalización de los mercados mayoristas podría aportar hasta 33.000 millones de libras anuales a la economía británica y elevar la recaudación fiscal en alrededor de 14.000 millones de libras durante la próxima década, una cifra que explica el interés del Gobierno por acelerar este proceso.
