La política cripto dio un giro concreto en Estados Unidos cuando Texas decidió pasar de la observación a la participación directa. El estado dejó de limitarse a hospedar minería y empresas del sector para incorporar exposición a Bitcoin dentro de un portafolio público gestionado con criterios financieros tradicionales.
El movimiento se materializó en noviembre de 2025, cuando Texas añadió exposición a BTC mediante un instrumento regulado y aprobado por su propio marco legal. La decisión no responde a decomisos ni a programas piloto federales, sino a una inversión planeada con recursos asignados por el poder legislativo estatal.
Texas se convirtió así en el primer estado del país en integrar Bitcoin a una estrategia de inversión pública. El paso se ejecutó bajo la ley SB 21, que habilita la creación de una reserva estatal de Bitcoin separada del tesoro general y administrada con estándares fiduciarios equivalentes a otros activos financieros.
De hub minero a reserva estatal de Bitcoin
Durante años, Texas destacó como uno de los principales polos de minería por costos energéticos competitivos y reglas favorables. No obstante, el estado no mantenía exposición directa al activo. SB 21 modificó ese enfoque al autorizar compras, tenencia y venta de Bitcoin con un fondo legislativamente aprobado.
Para esta primera etapa se asignaron 10 millones de dólares. Aproximadamente la mitad se utilizó para adquirir participación en un ETF de Bitcoin administrado por BlackRock. La elección del vehículo refleja una entrada cautelosa, sin asumir todavía retos de custodia directa.
En proporción, la posición es pequeña frente al resto del portafolio estatal, que supera los cientos de millones de dólares en ETFs tradicionales. En consecuencia, el mensaje apunta más a exploración institucional que a una apuesta agresiva.
Implicaciones para la política cripto en Estados Unidos
El enfoque texano redefine cómo un gobierno puede clasificar a Bitcoin. No se presenta como moneda de curso legal ni como herramienta fiscal, sino como un activo potencial de largo plazo gestionable bajo reglas existentes. Esto lo distingue de los programas federales, centrados en activos incautados.
Asimismo, el precedente podría influir en otros estados que analizan esquemas similares. El fondo autorizado representa menos del uno por ciento del total invertido por Texas en ETFs bursátiles, una proporción que subraya la prudencia del experimento sin restarle relevancia política.
Por su parte, el portafolio estatal mantiene más de 667 millones de dólares en ETFs ligados al S&P 500, lo que coloca la exposición a Bitcoin como una prueba controlada dentro de una estructura financiera ampliamente diversificada.
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