Una iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México busca establecer sanciones específicas contra quienes utilicen electricidad de manera ilegal para operar equipos de minería de criptomonedas. La propuesta contempla penas de entre cinco y 12 años de prisión.
El proyecto fue presentado por Alberto Martínez Urincho, diputado de Morena, y plantea agregar el artículo 368 Sextus al Código Penal Federal. El nuevo apartado castigaría el uso, alteración, aprovechamiento o comercialización no autorizada de energía proveniente del Sistema Eléctrico Nacional.
La iniciativa no pretende prohibir la minería de criptomonedas. Esta actividad continúa siendo legal en México cuando los operadores cuentan con contratos eléctricos, instalaciones adecuadas y cumplen con sus obligaciones fiscales. El delito sería obtener o utilizar energía sin derecho.
Las penas podrían aumentar en casos graves
Además de la prisión, la propuesta establece multas equivalentes a entre 1,000 y 3,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. También considera el decomiso de los equipos y de los beneficios obtenidos mediante la actividad ilegal.
Las sanciones podrían aumentar hasta en una mitad cuando los equipos estén conectados directamente a líneas de media o alta tensión, transformadores o instalaciones clandestinas. Bajo estos agravantes, la pena máxima podría alcanzar aproximadamente 18 años de cárcel.
El robo de electricidad ya está castigado en México. La diferencia es que esta reforma crearía un delito dirigido específicamente a las granjas de minería, el procesamiento masivo de información y la resolución de algoritmos criptográficos.
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La propuesta todavía no es una ley vigente
La iniciativa fue enviada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino. Para avanzar, deberá ser analizada y votada primero por los legisladores locales.
Posteriormente tendría que llegar al Congreso de la Unión, ya que solamente el Poder Legislativo federal puede reformar el Código Penal Federal. Por esa razón, las penas propuestas todavía no pueden aplicarse.
El proyecto cita pérdidas eléctricas asociadas con conexiones ilegales y alteraciones de medidores, pero los datos no indican qué proporción corresponde a la minería cripto. Para los operadores legales, el debate refuerza la importancia de contar con contratos adecuados y verificar el origen de la electricidad utilizada.
